La obra se desarrolla a partir de una propuesta: el «Estado de derechos». Comprende la calificación legal de distintas actividades como utilidad pública «preferente». La crítica plantea una contrariedad normativa porque estas disposiciones alejan a la utilidad pública del carácter de concepto jurídico indeterminado. Con ello se consumaría la imposibilidad de tomar las decisiones convenientes, según la causa o actividad del caso concreto y de los derechos fundamentales involucrados. Leer